En la nueva reforma de la LSSI se propone que los prestadores de servicio tengan la obligación de bloquear el acceso a supuestos contenidos ilícitos cuando así lo soliciten entidades como la SGAE y similares. Este tipo de entidades son las culpables de que hoy en día tengamos que pagar un canon por cualquier dispositivo que permita almacenar datos, sea cual sea el uso que le demos a esos dispositivos (¿dónde está la presunción de inocencia?).
En palabras de la Asociación de Internautas:
El anteproyecto convierte a la SGAE y entidades análogas en órganos «judiciales» capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios en empresas al servicio de estos supuestos jueces, encargadas de retirar los contenidos “ilícitos” por obra y gracia de unas organizaciones privadas, alterando gravemente el papel de quien única y exclusivamente tiene que facilitar infraestructuras.
La medida no sólo alcanza a las distribuciones presuntamente no autorizadas efectuadas desde portales, sino incluso que se extiende hasta los ordenadores de particulares ( Programas «P2P»).
Pero lo más grave es que el anteproyecto representa, en palabras del Consejo de Estado, una restricción de la libertad de uso de Internet.
Si esta reforma se aprueba puede ser el fin (al menos para los españoles) de Internet tal y como lo conocemos hoy en día. Un nuevo palo al desarrollo tecnológico en España.
Vía | ElOtroLado y Asociación de Internautas
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